Liberan a tres normalistas; MP y policías pudieron fabricar pruebas

Por Alejandro Amado

Morelia, Mich.- Por diversas inconsistencias encontradas en la carpeta de investigación y datos de prueba sólidos presentados por parte defensora, el juez de control Wilfrido Cruz Navarrete dictó en punto de las 19:58 horas de este lunes el auto de no vinculación a proceso y la libertad absoluta e inmediata para los tres estudiantes normalistas detenidos desde el pasado 15 de agosto, acusados de los delitos de ataques a las vías de comunicación y daño en las cosas.

La Fiscalía intento sin éxito vincular a proceso a los jóvenes por la quema de un vehículo comercial en la colonia Torremolinos, a unos metros de la Escuela Normal Superior de Michoacán, ubicada en la capital del estado, y parece que las cosas se le revierten a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

 Esto es así porque además de la libertad de los estudiantes, el juzgador instruyó al procurador, José Martín Godoy, a investigar a la ministerio público, Ruth Torres Romero, así como a los agentes de investigación y policías involucrados en la detención de los jóvenes, pues argumentó que “existe la sospecha de que alguien fabricó datos de prueba para inculpar a los imputados”.

Determinantes para la resolución del juez fueron, los oficios firmados por los titulares de Protección Civil municipal y estatal, cuyos informes asentados en bitácoras señalan que se recibió una llamada para brindar apoyo a una camioneta incendiada alrededor de las 14:40 horas, siendo que el chofer de la misma refiere haber sido despojado de ella a las 15:20 horas. Además, los policías refieren haber reportado el hecho a las 15:50 horas y lograron la primera detención a las 16:35, a 15 metros de los hechos, argumentando flagrancia.

También fundamental para el razonamiento del juez fue la presentación de un video que muestra que la detención ocurrió poco después de las 15:10 horas en lugar distinto al asentado en la Carpeta de investigación.

Las notas informativas de medios de comunicación, principalmente electrónicos, también contribuyeron a evidenciar las irregularidades en cuanto al tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos de la Causa Penal 421/2016.

“Existen mayores datos de prueba que soportan la teoría de la defensa, esto muestra deslealtad de una de las partes, la cual se alejó de la objetividad. Se pretendió vincular con datos inverosímiles, lo que permitió privar de la libertad a tres jóvenes por una semana. No me es dable analizar si este hecho existió, mucho menos vincular a los jóvenes porque no hay datos de prueba que lo permitan”, concluyó el juez antes de ordenar la libertad de Karina Paloma, Evelia Lizeth y Alexis Cecilio.

El llanto se desbordó entre los asistentes a la audiencia, principalmente familiares que celebraron que se haya hecho justicia y reconocieron la imparcialidad del juez Wilfrido Cruz Navarrete para no sólo ordenar la libertad de los jóvenes, sino ir más allá e instruir a la PGJE a investigar a quienes armaron la endeble acusación.

Afuera, bajo la lluvia, fuertes sonaron los gritos de “presos políticos libertad” cuando los tres jóvenes atravesaron la puerta; ahí estuvieron por más de siete horas docenas de sus compañeros esperando alguna noticia, que en esta ocasión fue para celebrar.

Denuncian ejecución extrajudicial en Morelia

Sixto Flores

Morelia, Mich.- Familiares y vecinos de la colonia Solidaridad se manifiestan afuera de Palacio de Gobierno exigiendo justicia por la ejecución extrajudical de Eduardo López Meza, de ocupación comerciante, y la tortura de dos personas más que continúan hospitalizadas por los golpes que les propinaron supuestos elementos de la Policía Michoacán. Un hermano del hoy occiso afirmó que aunque algunos testigos contaban con fotografías y videos, los uniformados les hicieron borrarlas.

“Cinco policías mataron injustamente a mi hermano, a un compañero lo dejaron herido en el hospital, si no es por la gente que los ve nos lo desaparecen, al muchacho lo torturaron, él está en el hospital, están pagando medicamentos cuando el Gobierno es que debe pagar ahorita. A sus familiares les está cayendo todo el peso, y el Gobierno no sabe nada”, agregó su hermano.

Enfatizó que hubo muchos testigos del hecho que tienen miedo a hablar por miedo a represalias de los policías que ejecutaron a su hermano, quienes estaban a cargo de un comandante de nombre Jesús. Sostuvo que se trató de una “emboscada”, pues los esperaron por un rato afuera de una Bodega Aurrera.

Afirma que los hechos sucedieron el sábado por la noche en la colonia Solidaridad, pero no han ido a presentar la denuncia ni la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por falta de confianza hacia las instituciones, pero que ya se asesoran con un abogado para actuar en consecuencia.

“Nosotros ya investigamos con la gente que vio, ellos nos dijeron que lo bajaron de la camioneta, lo hincaron, le dieron un cachazo en la sien y luego le dieron un balazo en la espalda”.

Al preguntar a varios de los manifestantes, refieren que fueron dos vehículos, uno de la Policía Michoacán y otro particular con personas vestidas de civil los que ejecutaron a esta persona y golpearon a dos personas más. Familiares manifiestan que policías ministeriales niegan que los civiles hayan sido compañeros suyos, pues estos actúan de civil y a veces en vehículos sin placa ni cromática.

Cúpula empresarial, antidemocrática y retrógrada: Frente contra la Represión

Alejandro Amado 

09/08/2016

Morelia, Mich.- El Frente contra la Represión y el Terrorismo de Estado, en voz de Lenin Contreras, representante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, criticó que el Consejo Coordinador Empresarial  de Michoacán (CCEM) esté recabando firmas para el cierre de las escuelas normales rurales.

“No nos extraña, la cúpula empresarial siempre ha sido retrógrada, siempre ha sido de vocación antidemocrática, y siempre ha intentado imponer su voluntad a mansalva. No nos extraña su posición beligerante”, sostuvo su vocero, Lenin Contreras, quien pertenece al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, una de las seis organizaciones que ayer retaron a los diputados Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) y Macarena Chávez Flores (PAN), a debatir públicamente sus iniciativas de leyes antimarchas que están en comisiones en el Congreso.

Sostuvo que iniciativas como la ley antimarchas, lejos de solucionar los problemas, los va a enconar más. “La conflictividad social tiene una raíz más profunda, es la respuesta a un estado de impunidad, de injusticia y de corrupción. En Michoacán existen más de 260 personas desaparecidas en los últimos diez años, y ninguna ha sido localizada. En este año hay

dos docenas de feminicidios y el Coneval apenas reportó que más de la mitad de la población en Michoacán está en estado de pobreza”.

Agregó que la ley antimarchas es un mecanismo para garantizar la impunidad, tanto gubernamental como empresarial, pues recordó que los empresarios también violan la ley. “¿Cuántas leyes violentan cuando no garantizan estabilidad laboral, jubilación y pensión a sus trabajadores? Acabo de leer un reportaje donde se demuestra que de marzo del año pasado a esta fecha, hubo 60 mil millones de pesos de evasión de impuestos, ¿cuántos empresarios están en la cárcel por evadir impuestos?”.

Concluyó que la iniciativa antimarchas responde a una presión y chantaje que hacen las cámaras estatales y nacionales del sector empresarial. Agregó que la reforma educativa es una ley profundamente violenta que no tiene por objeto mejorar la educación sino abrir la puerta a la privatización, con la subrogación de los servicios educativos. “Al no debatirse públicamente, la reforma tiene una vocación antidemocrática”.

Recordó que la invitación a debatir sobre la ley antimarchas está abierta a todo el que quiera asistir, la cita es el miércoles 17 de agosto en la Plaza Benito Juárez a las 5:00 de la tarde; acudirán académicos y especialistas en derechos humanos.