Alejandro Amado
09/08/2016
Morelia, Mich.- El Frente contra
la Represión y el Terrorismo de Estado, en voz de Lenin Contreras,
representante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, criticó que el
Consejo Coordinador Empresarial de
Michoacán (CCEM) esté recabando firmas para el cierre de las escuelas normales
rurales.
“No nos extraña, la cúpula
empresarial siempre ha sido retrógrada, siempre ha sido de vocación
antidemocrática, y siempre ha intentado imponer su voluntad a mansalva. No nos
extraña su posición beligerante”, sostuvo su vocero, Lenin Contreras, quien
pertenece al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, una de las seis organizaciones
que ayer retaron a los diputados Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) y Macarena Chávez
Flores (PAN), a debatir públicamente sus iniciativas de leyes antimarchas que
están en comisiones en el Congreso.
Sostuvo que iniciativas como la
ley antimarchas, lejos de solucionar los problemas, los va a enconar más. “La
conflictividad social tiene una raíz más profunda, es la respuesta a un estado
de impunidad, de injusticia y de corrupción. En Michoacán existen más de 260
personas desaparecidas en los últimos diez años, y ninguna ha sido localizada.
En este año hay
dos docenas de feminicidios y el Coneval apenas reportó que más
de la mitad de la población en Michoacán está en estado de pobreza”.
Agregó que la ley antimarchas es
un mecanismo para garantizar la impunidad, tanto gubernamental como
empresarial, pues recordó que los empresarios también violan la ley. “¿Cuántas
leyes violentan cuando no garantizan estabilidad laboral, jubilación y pensión
a sus trabajadores? Acabo de leer un reportaje donde se demuestra que de marzo
del año pasado a esta fecha, hubo 60 mil millones de pesos de evasión de
impuestos, ¿cuántos empresarios están en la cárcel por evadir impuestos?”.
Concluyó que la iniciativa
antimarchas responde a una presión y chantaje que hacen las cámaras estatales y
nacionales del sector empresarial. Agregó que la reforma educativa es una ley
profundamente violenta que no tiene por objeto mejorar la educación sino abrir
la puerta a la privatización, con la subrogación de los servicios educativos. “Al
no debatirse públicamente, la reforma tiene una vocación antidemocrática”.
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